El paro docente no evidencia solamente el deterioro de la educación pública, sino que habla de la pesada decadencia que arrastra el debate de los principales temas de la agenda política en nuestro país. Lo que no anda bien en el país es el papel de la política como administrador y distribuidor de los bienes colectivos. Falla la política como instrumento para configurar el futuro.

Vivimos en el puro presente y en el corto plazo. No hacemos sacrificios para asegurarnos un mejor futuro sino que le quitamos al futuro su posibilidad en nombre del presente. El estado de la educación pública expresa esta desesperante realidad con dramatismo. La mitad de los chicos tiene bajísimo nivel en matemática y lengua, según los resultados de las pruebas Aprender.

El problema no es económico, no es de falta de recursos, el problema es político. La calidad de la educación pública ha dejado de ser una prioridad desde hace casi treinta años. Desde que, en los años noventa, el Estado se desentendió de la educación pública y les traspasó a las provincias su manejo sin los fondos correspondientes, la educación se excluyó de la prioridad pública, de la agenda pública, de la discusión pública y de las decisiones de gobierno. Sacamos de la agenda el tema de la educación y, como consecuencia de ello, dejamos de discutir políticamente el tema.

Bien sabido es que la calidad de la discusión pública y sus contrastes y sus contrapuntos enriquecedores están supeditados a la riqueza de la agenda. Si un tema no integra la agenda prioritaria de un Estado, no se pueden esperar otros resultados que los que se exhiben hoy.

El paro docente muestra el abrumador desconcierto acerca de cómo encauzar esta discusión pública postergada y cómo plantearnos objetivos superadores para adelante.

Hoy pagamos años de desidia, falta de inversión, adaptación de la enseñanza a los nuevos desafíos y horizontes. Años de ocultamiento del problema educativo, llegando al paroxismo de trampear las estadísticas educativas y fraguar, adulterar las pruebas internacionales de manera escandalosa, dejando en evidencia que en estos años la educación pública no importó.

Debemos discutir la educación pública que queremos, que no es otra cosa que discutir el proyecto de país deseado, sus orientaciones, sus objetivos, sus metas y los mecanismos necesarios para abandonar este deterioro constante que expresan las faltas de políticas serias en materia educativa.

Debemos discutir cómo mejorar y qué sacrificio social estamos dispuestos a hacer para solventar esta prioridad colectiva que debe ser la educación. No podemos eludir, evitar o procrastinar más este debate sustancial.

La falta de acceso garantizado a la educación pública y la falta de calidad educativa no sólo atentan contra la igualdad de oportunidades y la movilidad social, sino que condenan a miles de compatriotas a la pobreza crónica, impidiendo un futuro de oportunidades con base en su esfuerzo y su educación.

Falta de educación es desigualdad, es pobreza y exclusión social, es un círculo vicioso sin fin que se realimenta. Esto no sólo impide el desarrollo económico del país, a través de la baja calidad de sus recursos humanos, sino también impide que se consolide una democracia sustentable.

El problema no es un tema de recursos o de un aumento del sueldo docente, sino de políticas serias de largo plazo, de políticas de Estado. El salario docente debe mejorarse y en eso hay amplio consenso social. No hay aquí excusas de equilibrios presupuestarios que justifiquen no otorgar un justo incremento salarial.

El salario docente es la urgencia hoy. Pero no es la urgencia la que impide diseñar proyectos de largo plazo, sino la ausencia de proyecto la que nos somete a la tiranía del presente. La voluntad del Gobierno en este sentido debe quedar clara para iniciar los verdaderos debates, que no deben reducirse únicamente al salario.

¿Creemos que si cada año se otorgara el aumento que piden los gremios docentes, tendríamos en 10 años los cambios y las mejoras significativos en materia educativa? Si sólo fuera tan simple, las cosas se solucionarían todas con dinero y podríamos concluir que gastando lo suficiente todo iría bien.

Pues, no parece ser así. No hay una sola forma de gastar los dineros públicos, si hay prioridades y esto lo decide la política. Se puede gastar mucho y mal. Entonces, podemos decir que hay que gastar y bien.

Llegó la hora, en materia educativa, de dejar de hacer pasar las decisiones políticas como decisiones técnicas de orden económico, que se presentan como las únicas posibles y, por tanto, se las sustrae del debate público. Discutir la educación que queremos es devolver a la política su papel fundamental, que es el de administrar el futuro y responsabilizarnos por él.

Domingo F. Sarmiento decía: “Hay que educar al soberano” y eso se proyecta, se edifica y se configura. Sarmiento lo demostró cuando trajo 15 maestros de Estados Unidos para proyectar la educación pública en la Argentina. Tenía un proyecto Sarmiento. Los argentinos debemos volver a tener un proyecto colectivo que transforme la educación pública en la Argentina y le devuelva su histórica calidad igualitaria y civilizadora.

El autor es dirigente UCR CABA.

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