La dramática situación que vive la provincia de Santa Cruz refleja la pesada decadencia política, económica, institucional y social resultante de la forma en que ha sido gobernada desde 1991.

La provincia de Santa Cruz debería ser hoy similar al estado de Texas en Estados Unidos y, sin embargo, no puede pagar los sueldos de sus empleados públicos y sus jubilados, no educa, no garantiza la salud ni el sistema de justicia a sus ciudadanos y sus derechos básicos. Cuenta con petróleo, gas, carbón, oro, plata, cobre, zinc, plomo, titanio, estaño, industria lanera y otras relacionadas con la explotación ovina, carnes y curtiembres, pesca y un gran recurso ictícola producto de su extensa costa. Goza además de un extraordinario y único potencial turístico.

Los Kirchner sometieron a los santacruceños a su forma de concebir y ejercer el poder. Usaron los fondos extraordinarios cobrados en los 90, cerca de 1.200 millones de dólares y todo el andamiaje del Estado, para constituir un proyecto de poder que, desde el otorgamiento del empleo público injustificado, precario, infecundo y a mansalva, consolidó en el tiempo un poder absoluto. Desmantelaron los organismos de control y terminaron con la división de poderes.

Ese manual se replicó a la nación desde 2003 y esto dañó más a la provincia de Santa Cruz. Ello determinó lo que hoy es la provincia: una democracia tiránica.

Allí el poder y sus amigos se enriquecieron indecentemente, al servirse y utilizar de manera organizada y permanente los dineros públicos como alcancía privada, contrastando esto brutalmente con las necesidades de una sociedad oprimida y con sus derechos humanos básicos conculcados.

Esta alteración del orden democrático llegó, en 2015, a consagrar a Alicia Kirchner como gobernadora, cuando había perdido la elección con el dirigente de mi partido y actual diputado nacional Eduardo Costa; pero mediante la inconstitucional ley de lemas lograron burlar la voluntad popular.

Este poder, sólo sensible a las tentaciones del dinero y a la organización de un Estado delincuente para garantizarlo, se transformó en una oligarquía corrupta, que no dudó en colocar a la provincia como un botín, que sólo persigue como objetivo la permanencia en el poder a lo que dé lugar.

La perversa fragilidad institucional y debilidad política a la que han llevado a la provincia mira hoy más con agrado al estado de anarquía que a la rendición de cuentas y el diálogo político responsable.

No es un problema de falta de fondos. Hay dinero retenido y dinero que se gasta en solventar trabajos subterráneos de asedio y desestabilización política del Gobierno nacional y se desvían en formato de fondos extrapresupuestarios, en aguantadero de miembros de la facción, que cobran y viven de la provincia sin trabajar ni vivir de ella.

Santa Cruz en estos años tuvo tres presupuestos, el que generó la provincia, el que con favoritismo y discrecionalidad delictiva le giraban desde el Estado nacional desde 2003 hasta 2015, y el presupuesto fruto de la inyección del dinero de la corrupción a la provincia que llegaba por aire, mar y tierra, para ser invertido y lavado en el sur.

Ello originó un gran superávit de poder de los Kirchner y un feroz déficit de ciudadanía que veía sin más remedio como más conveniente ponerse a resguardo de ese poder, practicando una pasividad tácita autocomplaciente, una autocensura y una autolimitación táctica.

Esto también ocurría a nivel nacional. No sólo la sociedad santacruceña sino la sociedad argentina reelegía con alegría a los Kirchner y les daba, a ese poder, en el 2011 un formidable 54% de los votos, interpretado en el genoma kirchnerista como la oportunidad de ir por todo y convertir al país en Santa Cruz.

Íbamos a Santa Cruz en 2015, ese era el futuro de la Argentina. Somos lo que nos pasó.

Lo que nos muestra Santa Cruz es cuáles son las consecuencias cuando la política no discute el futuro y vive en el corto plazo, apagando incendios y en la urgencia permanente.

Todo esto nos plantea que nos formulemos preguntas que contribuyan a asegurar políticas públicas orientadas a disminuir, paliar y menguar ese déficit de ciudadanía que afecta a nuestra democracia. Santa Cruz debe salir a través de los mecanismos institucionales y ese trabajo deben hacerlo los santacruceños. No se sale de laberinto propio con llave ajena.

Se impone garantizar la disputabilidad del poder a través de elecciones transparentes, Justicia, libertades públicas y políticas, libertad de expresión y prensa, seguridad, educación que devuelva ciudadanía sostenible, la cual se encuentra hoy día bajo mínimos.

Santa Cruz muestra qué pasa con la democracia cuando se vulnera su función central. La democracia es un sistema de confianza limitado y revocable. Hoy eso no está garantizado en Santa Cruz. El poder no se encuentra actualmente redistribuido para garantizar a todos los ciudadanos el ejercicio de sus derechos.

Como en el país, toda esta bronca, este hartazgo y este enojo deben transformarse en conciencia, memoria y participación.

Este fin de tiempo en Santa Cruz es asimismo su comienzo. El nacimiento de una nueva provincia que recupere su normalidad institucional y su paz social se deberá alimentar de la muerte del sistema de autoritarismo, la violencia política y la corrupción que hoy reina.

La democracia es como la hacemos y los gobiernos perecen por la exageración de sus principios. Ahí el dilema actual de Santa Cruz. Esto implica una fenomenal lección y una ilusión de un futuro regenerado.

Generar anticuerpos como sociedad que deriven en un fortalecimiento institucional que garantice que esto que pasó en Santa Cruz y en el país en estos últimos años no pueda pasar más es la tarea ciudadana a cumplir. Para ello, debemos abandonar la peor de las tiranías, que es la tiranía de los intereses particulares.

El autor es dirigente UCR CABA.

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